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Sierra (Sevilla, 56 años), especialista en la historia del pueblo gitano en España y Europa, explica por teléfono que “hay una falta de narración del genocidio romaní” que, según las fuentes que ha manejado, acabó con la vida de unas 500.000 personas. “El 75% de la población gitana que había en Europa había desaparecido después del nazismo. El número de víctimas probablemente aumente en el futuro porque se están abriendo archivos de la época soviética”. No fue hasta hace mucho cuando “gracias a asociaciones, algunas judías, se encontraron en los archivos la persecución paralela a los romaníes”.
En la primera parte del libro, publicado por Arzalia, la profesora Sierra hace “una síntesis crítica de lo que se ha investigado hasta ahora sobre este tema, que ha sido fragmentario y mal financiado”. Para esta investigadora, “la persecución del pueblo gitano resiste la comparación con la dureza sufrida por los judíos, en ocasiones incluso fue peor, sobre todo después de la guerra mundial, porque no se reconoció”. “Así que hay que rescatar los testimonios del horror de las personas”. Estos se encuentran en la segunda mitad del libro, como es el caso de Philomena Franz, que relató en sus memorias que fue enviada con 21 años a Auschwitz, de donde intentó fugarse varias veces, por lo que fue torturada y encerrada. Al menos pudo contarlo, su hermana fue colgada por lo mismo. Sierra ha mantenido una relación epistolar con Franz, la primera romaní que publicó sus memorias, que con casi 100 años le ha impactado por su actitud. “Ella dice que, después de Auschwitz, si no perdonaba, de alguna manera, y se abría a sentimientos positivos, aquel sistema le seguiría castigando”.
El análisis de las emociones a través del testimonio de los supervivientes, de las distintas fases que sufrieron, es el enfoque que aporta Sierra, que habla, por ejemplo, de “la asimilación del horror como algo habitual”, como ilustran las palabras de Otto Rosenberg, superviviente de Bergen-Belsen: “Cada tarde una montaña de cadáveres de dos metros de altura. Llegaba un camión con remolque y los conducía al crematorio. Ante este tipo de escenas no sentíamos ya nada. Nos habíamos convertido en seres insensibles”. Emociones a las que siguieron con los años la ira o el sentimiento de culpa por sobrevivir mientras otros familiares morían. "Son seres que sufrieron extraordinariamente, pero han tenido la capacidad para elevarse sobre ello”, añade Sierra, para quien estudios como el suyo supone “reparar el robo de la capacidad de sentir que tenían, de su anulación a través de la pérdida de la dignidad”.
Holocausto gitano se remonta al periodo de la historia en que empezó el odio a este pueblo de origen indoeuropeo, lo que su autora llama “antigitanismo”. “El momento crítico fue la configuración de los estados modernos, cuando los soberanos intentan controlar a las poblaciones”. Desde ahí se suceden las expulsiones, persecuciones… hasta la irrupción del nazismo, que se sirvió “de la ciencia racial, fundamental para sus decisiones. El régimen de Hitler “primero aprueba normas para quitarlos de la circulación y, en paralelo, inicia las esterilizaciones, en 1933″. "Luego se les prohibieron derechos, se expropiaron sus bienes y empezaron a ser recluidos en campos alemanes”. En 1938, Berlín promulga un decreto clave, con un nombre sin ambages: Para combatir la plaga gitana. La siguiente vuelta de tuerca llega “cuando la guerra mundial se extiende al este, empiezan los fusilamientos masivos y la aniquilación de prisioneros; hasta la orden de que sean deportados a Auschwitz”. Allí se enviaron a familias enteras, con sus hijos. Los niños morían en su mayoría por hambre, hasta que llegaba ese momento no paraban de llorar en los barracones, recuerdan los supervivientes.
La organización en los campos estaba pensada para no dejar a los prisioneros ni un segundo de calma, “vivían en un estado de angustia permanente”, que continuó después de la liberación, como contó Rosenberg. Los soldados ingleses les pusieron en fila, él cerró los ojos porque pensó que llegaba su final, pero el clic que oyó fue el de una cámara fotográfica.
Cuando acabó la guerra, no finalizó el sufrimiento de los gitanos que habían salido vivos de los campos de exterminio, ya que fueron privados de reparaciones y reconocimientos. “La teoría dominante era que no habían sido perseguidos por motivos raciales, sino por delincuentes”, explica Sierra, que concluye: “Unos prejuicios que, me temo, aún hoy no han desaparecido”.
LA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA
La profesora Sierra explica al comienzo de su libro que optó por usar el término “gitano”, desde el título, aunque la forma más correcta internacionalmente aceptada para referirse a este pueblo es “romaní”. Así decidieron llamarse sus representantes en un congreso en Londres, en 1971. Sierra señala que otras denominaciones, como 'gypsy', en inglés; 'gitane', en francés, o 'zigeuner', en alemán, son “nombres impuestos desde fuera” y que se han convertido en etiquetas negativas. En España, sin embargo, esta comunidad ha reivindicado la palabra “gitano” como la más apropiada."
fuente:El Pais
frente a las mentiras de los victimistas esto es lo que hoy se ha aprobado, una nueva ley de educación más igualitaria...."cuando la renta permite ciertas cosas no es libertad es privilegio" (i.errejon dixit) y con dinero publico no se debe tolerar..
fuente:el Pais
" La ley incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Por ejemplo, en la pública estudian nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”. Las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar. Se crean oficinas de garantías que velarán por el proceso de admisión y a las que los padres podrán dirigirse para realizar la matrícula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos. Se prevé la reducción de ratios en entornos desfavorecidos.
El criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. Todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos. Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos. Se suprime el concepto de “demanda social” a la hora de programar las plazas educativas, y se subraya que la “educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.
Limitación de repeticiones
En España ha repetido en torno al 31% de los alumnos de 15 años, casi el doble que en el resto de países desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25% refleja, además, la escasa eficacia de la repetición para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, según ha advertido Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado. Además, solo en la ESO la repetición tiene un coste de 3.340 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio de Educación. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas. El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.
En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013, que también figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a través de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisión tiene un alcance práctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña (la comunidad donde funciona desde hace décadas el sistema de inmersión lingüística y concentra la polémica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y después de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Y ninguna de ambas circunstancias cambiará tras la aprobación de la ley.
La ley cambia el modelo de reválidas implantado por el PP por cuatro pruebas diagnósticas. En cuarto de primaria y segundo de la ESO todos los alumnos harán unos exámenes para evaluar sus competencias, que los centros deberán utilizar para aplicar planes de “mejora” y “equidad”. Y en sexto de primaria y cuarto de secundaria también se realizarán pruebas, aunque en este caso solo con una muestra de alumnos y cada varios años, que en este caso servirán como “evaluación general del sistema educativo” a imagen de los exámenes de PISA. Tantos unos como otros tendrán un carácter meramente “informativo y orientador para los centros, las familias y el conjunto de la comunidad educativa” y no podrán utilizarse para establecer clasificaciones de centros. Muchos especialistas, como Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia, han venido reclamando más información sobre el sistema para poder mejorarlo y evaluar las medidas que se adoptan.
Cuatro tipos de bachillerato y ciclos en primaria
A las tres modalidades actuales de bachillerato, que son los de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (que ahora se llamará Ciencias y Tecnología) y Artes, se sumará una cuarta, llamada General. Contendrá aspectos tanto de la rama científica como de la de letras, y está pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO (normalmente con 16 años) no se han decidido por una u otra vía. La etapa de primaria volverá a estar agrupada en ciclos de dos cursos, reduciendo su compartimentación. Y se simplificará el modelo de asignaturas de la ley Wert, reduciéndolas a obligatorias y optativas (ya no habrá las llamadas de libre configuración).
Los centros decidirán parte de las horas de clase
Los centros educativos desarrollarán parte del currículo, esto es, podrán decidir “un porcentaje de los horarios escolares”, que deberán orientarse al trabajo de las competencias básicas. Las comunidades decidirán qué porcentaje de las horas pueden fijar (que se descontará del 50% que pueden fijar ellas; la otra mitad corresponde al ministerio). En Portugal, donde los colegios gestionan una cuarta parte del horario, el aumento de la autonomía ha dado buenos frutos.
Fusionar asignaturas
La agrupación de asignaturas por ámbitos de conocimiento ―impartir conjuntamente, por ejemplo, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología― ha funcionado bien desde mediados de los años noventa, cuando empezó a utilizarse en grupos de alumnos que iban mal en los programas de diversificación curricular. Con la pandemia, el Gobierno ha permitido a las comunidades generalizarlo a cualquier curso y grupo de la enseñanza obligatoria (salvo cuarto de la ESO), y la ley consolida el cambio. La primera autonomía en proponerlo fue la Comunidad Valenciana. Su consejero de Educación, Vicent Marzà, argumentó que los alumnos que llegan a los institutos desde la escuela pasan a tener de golpe “más asignaturas que años” y otros tantos profesores, lo que dificulta su adaptación y puede explicar, en parte, la elevada tasa de repetición de los primeros cursos de la ESO.
Puentes entre las 17 aulas virtuales autonómicas
El Ministerio de Educación impulsará la compatibilidad de las aulas virtuales autonómicas. Cada autonomía ha optado por la suya, lo que dificulta el intercambio de contenidos. Las aulas virtuales deberán permitir que los docentes creen fácilmente materiales para sus asignaturas. Deberá mejorarse la formación inicial y continua del profesorado al respecto, que la pandemia ha demostrado insuficiente.
Solidaridad interterritorial
La norma recupera los planes de cooperación interterritorial que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para inyectar fondos en los sistemas educativos autonómicos y contribuir al “equilibrio territorial”. Tendrán prioridad los programas dirigidos a potenciar la escolarización “asequible” de cero a tres años, la FP, la educación inclusiva, el plurilingüismo y la escuela rural, así como los diseñados para reducir el abandono temprano,
Igualdad de género
La ley hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las áreas de conocimiento. Las comunidades deberán impulsar la presencia de mujeres en las ramas formativas con menor presencia femenina y la masculina en aquellas con escaso número de hombres. Los colegios que segreguen por sexos no podrán ser concertados. Y desde el proyecto educativo con el que se presenten los aspirantes a dirigir un centro hasta los libros de texto, pasando por la formación del profesorado, deberán fomentar la igualdad.
Escuelas sostenibles
Para promover "la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático, las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno. También deberán crear “caminos escolares seguros”, como los que han ido poniendo en marcha distintos Ayuntamientos, como Barcelona o Valencia, para ir a clase a pie, y “promover los desplazamientos sostenibles” al colegio.
Más competencias para el consejo escolar
El Consejo Escolar, en el que participan profesores, familias y, a partir de secundaria, los alumnos, recupera las competencias que perdió con la ley Wert, que lo limitó a funciones informativas. Entre ellas: aprobará el proyecto educativo y la programación general del centro y participará en la selección del director.
Educación especial
La ley sienta las bases para una progresiva transición desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial, a la que asisten unos 35.000 alumnos con discapacidad, que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha calificado de segregador, a otro que integre más ambas, un cambio que ha generado mucha polémica.
A corto plazo, se mantiene la redacción anterior en cuanto a que “la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión” y la afirmación de que la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial “solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”. Ahora, además, se añade que “serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado” y la norma contempla que las discrepancias sobre el tipo de centro en el que deben ser matriculados los alumnos con discapacidad deberá resolverse “siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Una fórmula con la que fuentes del grupo socialista esperan que terminen los casos en los que los alumnos son obligados a acudir a centros especiales contra el criterio de sus padres.
Al mismo tiempo, el Gobierno y las comunidades diseñarán un plan para que, en 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Las Administraciones seguirán financiando los centros especiales para que, “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”, en línea con el sistema que se ha implantado con éxito en Portugal. El PP, Vox y Ciudadanos defienden, en línea con lo que sostiene un importante sector de los colegios especiales y muchas familias y asociaciones, que esta segunda referencia recogida en la ley supone en realidad la puesta en marcha de un plan que conducirá al cierre de la mayoría de estos centros y que puede obligar a niños con necesidades educativas especiales a acudir a escuelas ordinarias contra el criterio de los padres y generando problemas educativos y de inclusión para los menores.
Religión
La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice en qué horario debe ofertarse, lo cual queda en manos de las comunidades.
Asignatura de valores cívicos
En uno de los cursos del último ciclo de primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiará la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constitución española, la igualdad de género, la cultura de la paz, la función social de los impuestos y “el respeto por el entorno y los animales”, entre otros elementos.
Cada alumno tendrá un número identificativo
Los alumnos tendrán un número identificativo para facilitar el "intercambio de la información relevante” y “el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas”, con el objetivo de mejorar la estadística educativa, dentro de los márgenes que establece la normativa de protección de datos.
Apartar a los malos profesores
Los funcionarios “que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento" podrán ser “removidos de su puesto” y destinados a “tareas que no requieran atención directa con el alumnado”.
Planes para futuras pandemias (u otras emergencias)
El cierre de los centros escolares en marzo demostró que que el sistema no estaba preparado para dar el salto a una modalidad a distancia. El ministerio y las comunidades “definirán un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”. El “plan de contigencia para situaciones de emergencia” abordará la organización del centro, la coordinación de los docentes y la comunicación con las familias, además de garantizar la competencia digital de alumnos y profesores y asegurar los medios técnicos.
Nuevo acceso docente e incremento del gasto público
La ley da un año al Gobierno para presentar un sistema de acceso a la profesión docente, y de formación inicial y permanente. La norma concede dos años al Ejecutivo para formular un plan de aumento del gasto público con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplará el aumento del gasto público educativo hasta el 5% del PIB, el porcentaje que alcanzó en 2010 antes de caer por la crisis. El año pasado no llegó al 4,2%.
Educación infantil
En un año el Ejecutivo deberá presentar un plan a ocho años vista para ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, procurando su gratuidad y "priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza”.
Calendario de aplicación
El Gobierno espera que el Senado ratifique la ley antes de fin de año para que la Lomloe esté en vigor para el próximo proceso de escolarización, que suele empezar en marzo. El calendario establece que a su entrada en vigor (20 días después de su publicación en el BOE) serán automáticamente aplicables los cambios que afectan a la admisión de alumnos, la autonomía de los centros docentes y las competencias de los consejos escolares. Y el curso siguiente se implantarán las modificaciones en materia de evaluación, repetición, titulación, organización y currículo"
...seguro que alguno lo tenemos ya ,pero por el ridículo precio merece la pena
